La exoneración del impuesto de Contribución Inmobiliaria no implica la exoneración de sus adicionales y demás tributos que se cobran conjuntamente, salvo los casos establecidos a texto expreso.

 Los sujetos pasivos de tributos inmobiliarios departamentales de inmuebles urbanos y/o suburbanos que sean única propiedad habitados por sus propios dueños y familiares de primer grado, en forma permanente, serán exonerados anualmente del 50% de los impuestos de Contribución Inmobiliaria, y sus adicionales general municipal, alumbrado público, y de video vigilancia pública y el 50% de las tasas de conservación de pavimento y forestal, siempre que: a) Los ingresos del núcleo familiar que habiten el inmueble, no superen las siete Base de Prestaciones y Contribuciones (7 BPC). b) Que no exista ningún tipo de comercio instalado en el padrón. c) Que el valor de aforo del bien no sobrepase el mínimo establecido conforme a lo dispuesto por el artículo 13º del Decreto Nº 3695/1995 y concordantes.

En el caso de los jefes de hogar monoparentales, la exoneración parcial antes referida alcanzará el 60%, debiendo cumplirse las restantes condiciones previstas en la presente disposición. A efectos de acceder a dicha exoneración, se entiende por jefe de hogar monoparental a aquella persona que no convive en pareja y que ejerce la tenencia en forma exclusiva del menor o menores de edad con los que cohabita de forma permanente.

Los inmuebles urbanos o suburbanos que constituyan única propiedad, sea en exclusividad o en condominio de origen contractual, ganancial o sucesorio, cuyos propietarios habiten efectivamente dicho inmueble, sean jubilados y/o pensionistas, serán exonerados de los impuestos de Contribución Inmobiliaria, general municipal, alumbrado público, adicional de video vigilancia pública y tasas de conservación de pavimento y forestal, en los siguientes porcentajes y condiciones: a) en un 100% en caso que el contribuyente debiera abonar el valor mínimo anual del impuesto de contribución inmobiliaria; b) en un 50% si el obligado debiera pagar hasta un 100% más del valor mínimo anual del impuesto de contribución inmobiliaria; c) el beneficio se deberá gestionar de forma anual.

En aquellos inmuebles en que uno de los condóminos tenga la calidad de jubilado o pensionista la exoneración se extenderá a todo el inmueble, en los porcentajes y condiciones establecidos en la presente disposición normativa.

Declárase que el Estado y los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República gozan de inmunidad impositiva con relación a los impuestos departamentales por sus bienes y actividades no comerciales ni industriales.

Los Organismos del Estado que fueran sujetos pasivos de tributos departamentales, podrán hacer efectivo el pago de los mismos sin multa ni recargos, siempre que exista reciprocidad con la Intendencia respecto a los servicios y/o tributos que ésta debe pagarle a los mismos.

Estarán exonerados de todos los impuestos y tasas municipales:

Las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza.

Los clubes sociales, deportivos y culturales con personería jurídica.

Los templos consagrados al culto de diversas religiones.

Los que exonere total o parcialmente por Decreto el Gobierno Departamental.

Las exoneraciones mencionadas comprenden exclusivamente a los inmuebles directamente afectados a dichas actividades.

Exonérase a los promitentes compradores y propietarios de terrenos y viviendas de Interés Social, construidas y adjudicadas por la Intendencia Departamental de Maldonado, del pago de impuestos de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales general municipal, alumbrado público y de video vigilancia pública, por el plazo de hasta 10 años, en las siguientes condiciones: A) cuando la adjudicada, sea su única propiedad destinada a casa habitación o a la edificación de la misma y B) cuando se encuentren al día en sus obligaciones respecto al pago de las cuotas del precio del respectivo inmueble.

Exonérase del impuesto de Contribución Inmobiliaria, y sus adicionales general municipal, alumbrado público y de video vigilancia pública, a los inmuebles del departamento donde funcionen oficinas consulares de otros países, al amparo del artículo 32º de la Convención de Viena, sobre Relaciones Consulares, ratificada por el Estado Uruguayo por Ley Nº 13774 del 14 de octubre de 1969 y aceptada a nivel del Gobierno Departamental por el presente Decreto. El inmueble deberá ser propiedad o debe estar arrendado por el Estado respectivo o el Cónsul, previa acreditación de la documentación correspondiente ante la Intendencia.

Las unidades de propiedad horizontal que hayan obtenido el final de obras de las edificaciones y la inscripción del plano de mensura y fraccionamiento bajo el régimen de propiedad horizontal en la Dirección Nacional de Catastro podrán exonerar el 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales general municipal, alumbrado público y de video vigilancia pública y de las tasas de conservación de pavimento y forestal, hasta la primera enajenación a cualquier título u ocupación permanente o temporal del inmueble. El beneficio deberá gestionarse anualmente por cada padrón individual con anterioridad al 31 de octubre de cada año y sus requisitos ajustarse a la reglamentación que oportunamente dicte el Ejecutivo.

Modifícase el artículo 6º del Decreto Departamental N° 3413/1980 el que quedará redactado de la siguiente manera: ?Las solicitudes de exoneración del impuesto a los terrenos baldíos a gestionarse por primera vez deberán formularse por escrito antes del 31 de enero del ejercicio que se desea exonerar, acreditando la propiedad del/los inmueble/s involucrados. Dichas exoneraciones serán concedidas previo informe de la Unidad Funcional competente que deberá controlar la adecuación de la gestión a la presente reglamentación".

Modifícase el artículo 7º del Decreto Departamental N° 3413/1980 el que quedará redactado de la siguiente manera: "Las exoneraciones otorgadas al impuesto a los terrenos baldíos se prorrogarán siempre que los interesados presenten anualmente declaraciones juradas hasta el 31 de enero del ejercicio que se desea exonerar, en las que expresarán que los parques objeto de la gestión, se encuentran en las mismas condiciones a las que dieron motivo de exoneración".

Exonérase del Impuesto a los Terrenos Baldíos, por los Ejercicios 2021 a 2025, a los padrones urbanos de las localidades 78 de Nueva Carrara, 18 de Cerros Azules, 80 de Km 110, 39 de Estación Las Flores y Los Talas.

Exonérase a las Cooperativas de Vivienda de Interés Social, en un 100 % de las Tasas de Edificación y Fraccionamiento para la construcción de viviendas de interés social; como asimismo del Impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales, por el término de cinco años a partir del otorgamiento del permiso de construcción; en las condiciones que se establezcan por reglamentación.

72.1. Los padrones resultantes de un fraccionamiento, con posterioridad a la vigencia del presente Decreto Departamental, podrán exonerar el 100% de los impuestos de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales general municipal, alumbrado público y de videovigilancia pública y tasas de conservación de pavimento y forestal, hasta la ocupación o primera enajenación a cualquier título.

72.2. Para el caso de padrones resultantes de un fraccionamiento, en el perÍodo comprendido entre el año 2015 y la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Departamental, podrán a partir del 1º de enero de 2022 exonerar el 50% de los impuestos de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales general municipal, alumbrado público y de video vigilancia pública y tasas de conservación de pavimento y forestal, hasta la ocupación o primera enajenación a cualquier título.

72.3. Podrán ampararse al beneficio los padrones resultantes de fraccionamientos ejecutados en una sola etapa o cuando la etapa tramitada sea superior a 3 hectáreas y tenga realizada la apertura de calles.

72.4 El beneficio deberá gestionarse anualmente por cada padrón con anterioridad al 31 de octubre de cada año y sus requisitos ajustarse a la reglamentación que oportunamente dicte el Ejecutivo, los que deberán acreditarse fehacientemente por el administrado.